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El GIEI halla evidencia del uso desproporcionado de la fuerza, abuso sexual y ausencia de justicia en la crisis de 2019.

Los expertos ponen en la mira a la Justicia boliviana y proponen un plan integral de reparación de daños, además de otro para investigar los sucesos.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) halló evidencia del uso desproporcionado de la fuerza que provocó las “masacres de Sacaba y Senkata”; abuso sexual contra mujeres, además de “serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público” durante la crisis de 2019.

Una versión preliminar del informe del GIEI al que accedió EL DEBER establece, además, responsabilidades del Estado en el gobierno de Evo Morales y en el inicio de la transición que lideró Jeanine Áñez. También señala que hubo “dos días de vacío de poder” en el que se vulneraron derechos humanos por la Policía y las Fuerzas Armadas.

“En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 38 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, precisa el reporte.

El informe final del GIEI será presentado oficialmente este martes. Tiene como base principal el testimonio de los familiares de las víctimas, además de asesorías especializadas, encargadas, por ejemplo, a Justice Rapid Response, una entidad que cooperó en pericias satelitales y militares.

Los especialistas, que plantearon propuestas para la investigación y de reparación integral de daños, aclararon que “el trabajo no equivale a una investigación penal” y señalaron que “de ningún modo debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”.

El 15 de noviembre de 2019, 10 civiles fallecieron en las afueras de la ciudad cochabambina de Sacaba luego de la intervención militar y policía.

“El GIEI no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la policía o de las fuerzas armadas presentes. No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”, señala el informe.

“De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte IDH las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre”, apunta.

Senkata

El 19 de noviembre de 2019, otras 10 personas fallecieron tras “el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad” luego del derrumbe del muro y la secuencia de protestas en Senkata, uno de los barrios más poblados de El Alto.

Las autoridades de ese entonces afirmaron que usaron la fuerza para prevenir la ocurrencia de la explosión de la planta engarrafadora de gas licuado de petróleo, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto.

“Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman que hubiera ese riesgo concreto. Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas”, apunta el reporte.

“Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”, concluye la investigación.

Abuso sexual

“Para el 12 de noviembre habían transcurrido dos días de vacío en el poder; la tensión política se agudizaba ante las complejidades de una sucesión presidencial; la policía y las Fuerzas Armadas se encontraban materialmente desplegadas en operaciones conjuntas; y se había intercambiado el protagonismo en las manifestaciones entre las dos principales posturas antagónicas”, señala el reporte.

En este tiempo, agentes policiales detuvieron a mujeres en diferentes circunstancias, quienes entregaron sus testimonios de manera anónima. Los expertos también creen que puede haber más víctimas por este tipo de delitos.

Además, los expertos identificaron responsabilidad del Estado por vulneraciones en Vila Vila, cuando Evo Morales aún era presidente. Allí también se registraron actos de violencia en razón de género y abuso sexual. En estos hechos hubo funcionarios de gobierno comprometidos.

EL DEBER/