La Paz. — La crisis social desatada por el Decreto Supremo 5503 ha entrado en una fase crítica. Al cumplirse el noveno día de movilizaciones en la Sede de Gobierno, el conflicto ha dejado de ser exclusivamente laboral para amenazar el derecho a la educación. El Magisterio Urbano de La Paz se ha sumado oficialmente a la huelga de la Central Obrera Boliviana (COB) con una advertencia contundente: no iniciarán las actividades escolares programadas para el 2 de febrero de 2026.
La postura del Magisterio: “Privatización encubierta” José Luis Álvarez, ejecutivo del sector, fue enfático al señalar que el retorno a las aulas está condicionado a la abrogación total de la norma. El dirigente argumentó que el DS 5503 no solo afecta el precio de los combustibles, sino que es la puerta de entrada para la privatización de recursos naturales.
“El gobierno busca entregar la explotación minera sin el cobro de impuestos ni regalías para el país. No vamos a ser cómplices del saqueo”, denunció Álvarez ante las bases movilizadas.
Presidente de Estado Plurinacional de Bolivia y ministros en la presentación del D.S. 5503. 2025.
Frente a la radicalización de las calles, el Poder Ejecutivo intenta desactivar los focos de conflicto. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, informaron sobre acercamientos con otros sectores sociales que estarían dispuestos a buscar una concertación económica.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reiteró el llamado a la pacificación: “Aprovecho este momento para convocar nuevamente a la COB y a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros a que acudan a dialogar. La intransigencia no es el camino”.
A pesar de las invitaciones, la máxima entidad matriz de los trabajadores ratificó la huelga general indefinida. La dirigencia de la COB sostiene que el decreto carece de legitimidad por no haber sido socializado y presenta “vicios de nulidad” legales, cerrando la puerta a cualquier negociación que no contemple la anulación de la medida.
Desde Red Yungas, observamos con preocupación cómo el conflicto escala peligrosamente. Si bien el derecho a la protesta es legítimo, condicionar el inicio del año escolar 2026 pone en riesgo el futuro de niños y jóvenes que nada tienen que ver con la disputa política. Urge que Gobierno y sectores movilizados encuentren un punto medio antes de que febrero nos encuentre con aulas vacías y calles llenas.
Redacción: Prensa-Red Yungas.