La Paz. — El Gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo 5515, normativa que faculta al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones “a través de medios tecnológicos de comunicación” cuando deba ausentarse temporalmente del territorio nacional.
La medida se oficializa tras el anuncio de la participación del Primer Mandatario en el 56° Foro Económico Mundial. Este viaje se da en un escenario político marcado por el distanciamiento del vicepresidente Edmand Lara, quien recientemente marcó distancia de la gestión de Paz y se declaró opositor al Gobierno.
Ante esta coyuntura, legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) expresaron su respaldo al decreto, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad administrativa del Ejecutivo vía virtual, evitando así el traspaso de mando temporal al vicepresidente en el contexto actual.
La promulgación de la norma ha generado diversos pronunciamientos:
- Central Obrera Boliviana (COB): Mediante un comunicado, el ente matriz cuestionó la medida señalando que se “pretende gobernar por decreto”. La organización calificó la acción como una práctica que “relativiza la sujeción a la ley”, advirtiendo sobre una posible vulneración a los marcos constitucionales vigentes.
- Expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé: La exautoridad alertó sobre la “debatible constitucionalidad” del DS 5515. En su declaración, hizo un llamado a respetar los principios de coordinación entre poderes públicos, indicando que “sus titulares están obligados a respetar estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas”.
Más allá de la herramienta tecnológica, el Decreto Supremo 5515 plantea un debate profundo sobre la estructura del Estado. En la práctica, la norma limita las atribuciones de sucesión temporal del vicepresidente, centralizando la toma de decisiones en el entorno inmediato del presidente, incluso a distancia.
Si bien la tecnología permite la gobernabilidad remota, la medida evidencia la fractura en la cúpula del Ejecutivo. Lo cierto es que esta decisión marca un precedente en la administración pública que pone a prueba la solidez de nuestra Constitución frente a las necesidades políticas del momento.
Redacción: Prensa-Red Yungas.