El presidente Luis Arce Catacora, durante su informe de gestión presentado este martes, destacó los avances alcanzados durante su gobierno en el marco de los seis ejes de la reforma judicial y pidió que el trabajo continúe en bien de toda la población. “Seguimos ejecutando acciones concretas para precautelar los derechos de las bolivianas y de los bolivianos”, subrayó.
El Presidente indicó que la Reforma Judicial tiene el propósito de eliminar o reducir drásticamente los principales males de la administración de la justicia en Bolivia, y que la mismas pretende cambiar el actual modelo de gestión judicial obsoleto, discriminador, insensible y excluyente.
En ese sentido mencionó los avances relacionados a los seis ejes de la reforma, que son: La distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; el acceso a la justicia en igualdad de condiciones; la independencia judicial a través de procesos meritocráticos y transparentes; la transformación digital del modelo de gestión judicial boliviano; el desarrollo normativo; y la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información, control y participación social, y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico.
Inmediatamente presentó los resultados alcanzados en esos ámbitos. En relación al acceso a la justicia, destacó que los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), durante el año 2022, alcanzaron 46.065 servicios de patrocinio legal, orientación jurídica, conciliación extrajudicial y asistencia psicológica con énfasis en los sectores vulnerables de la población en materia civil, laboral, agraria, penal y en resolución alternativa de conflictos; y 41.149 el año 2021.
Asimismo, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) brindó un total 5.991 servicios de patrocinio legal en 2022 y 4.441 servicios en 2021 en cuanto a patrocinio legal, orientación jurídica, asistencia social y asistencia psicológica con énfasis en garantizar el acceso a la justicia a personas de escasos recursos económicos y que sean víctimas de un delito.
Por otro lado, indicó que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) brindó un total de 11.495 servicios durante el año 2022 a personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente con el objetivo de garantiza el derecho a la defensa.
Asimismo, en la gestión 2022 fue conformada la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en los que sentenciados fueron liberados, dando seguimiento al 100% de los casos registrados a nivel nacional; como resultado de dicho seguimiento, recordó que de 18 jueces fueron investigados, de esos 10 fueron destituidos y el resto enfrenta procesos disciplinarios. Además, ocho fiscales fueron destituidos y 21 personas entre feminicidas y violadores, fueron recapturadas.
En relación a la Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, informó que se atendido 5.599 reclamos, verificativos y conciliaciones en 2022 y 4.483 en 2021, generando un fuerte impacto en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, así como las mejoras en la atención de negocios y elaboración de productos.
En cuanto a desarrollo normativo, el Presidente remarcó que durante esta gestión se establecieron y ajustaron una serie de leyes, normas y decretos que buscan precautelar los derechos de la población. Los más relevantes son: la Ley 1443 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; la Ley 1446 para el resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política cometida entre 1964 y 1982; la Ley 1463 que declara cada 17 de julio como el “Día Nacional de la Memoria”; el Decreto Supremo 4732 que regula cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles.
El Decreto Supremo 4793 que crea la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios, en cumplimiento de la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad; el Decreto Supremo 4779 de creación del sello para la Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres; la Política Plurinacional Contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el periodo 2021–2025; entre otras.
Respecto al resarcimiento integral para las víctimas de las masacres y graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas a fines del año 2019, el Presidente recalcó que se hizo realidad la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que confirmó las graves violaciones. En cuanto a las 42 recomendaciones del GIEI, mencionó la importancia del cumplimiento a las mismas para no dejar en la impunidad las muertes y garantizar a las víctimas y sus familias, Memoria, Verdad y Justicia.
La autoridad también mencionó que durante la gestión 2022 se llevaron a cabo dos Diálogos Plurales para la Transformación de la Justicia en Bolivia, los mismos que abordaron la necesidad de la reforma y la importancia de la Justicia Indígena Originaria Campesina.
Dijo que por primera vez desde el Registro Público de la Abogacía se conformó el Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y los tribunales departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con competencia a nivel nacional, “estos tribunales realizan el procesamiento de infracciones a la ética establecida para el ejercicio de la abogacía”, dijo y acotó que aproximadamente 1500 denuncias ya fueron procesadas por estos tribunales, con el objetivo de promover la ética y transparencia en el accionar de los profesionales del Derecho con relación a los litigantes.
También destacó los procesos de desburocratización y papel cero, implementados en esta cartera de Estado mediante la plataforma Zero, la misma que podría ser replicada en otras entidades que administran justicia a fin de operativizar los procesos administrativos.
Arce mencionó los avances en relación a la interoperabilidad de las bases de datos de entidades que administran justicia a fin de propiciar las condiciones técnicas, operativas, normativas y otras necesarias para definir el nuevo modelo de gestión judicial y el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma única de gestión de causas para todas las materias judiciales en el marco del gobierno electrónico.
El mandatario señaló que, en el marco de la modernización y la digitalización de los sistemas, se puso en marcha el Sistema Informático del Notariado Plurinacional (SINPLU); la plataforma para el registro nuevo y la renovación de credenciales para abogadas y abogados; la plataforma para las rendiciones públicas de cuentas; y el registro de organizaciones juveniles; entre otras.
Con relación a la lucha contra la corrupción, se recepcionó 661 denuncias, el 36% (240) de estas, fueron realizadas a través del formulario en línea implementado desde abril de la gestión 2021. En la misma línea, se aplicó el ciclo formativo: “Promovemos una Cultura de Ética y Transparencia en la Comunidad Educativa” capacitando a más de 1400 maestros de 59 municipios del país.
Por otro lado, se incorporó contenidos relacionados a valores, transparencia y lucha contra la corrupción en los textos de aprendizaje del nivel primario y secundario, llegando a más de 2 millones de estudiantes en todo el sistema educativo.
El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción concluyó la investigación de 228 casos de corrupción, incrementando su nivel de atención en un 300% respecto a gestiones anteriores a la 2021.
Ante los resultados mencionados, el mandatario pidió seguir trabajando por mejores días para el país, “sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos reconstruyendo nuestra patria y sigamos sembrando esperanza”, enfatizó.
Fuente: Prensa Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional