EL DIARIO/
El 27 de agosto de 2018, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, se entregó a la Policía en el marco de las investigaciones de una presunta emboscada en los Yungas de La Paz, donde murió un efectivo y otros seis resultaron heridos. A la fecha continúa con detención preventiva, sin una sola prueba contundente en su contra, tal como lo aseguró el fiscal departamental de La Paz William Alave, el 15 de julio de 2019.
La defensa de Franclin Gutiérrez, doctor Jorge Santistevan, aseguró que con la detención preventiva de su defendido la justicia vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), el Código de Procedimiento Penal (CPP) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ante la inexistencia de elementos de convicción suficientes que sostengan que su cliente es con probabilidad autor intelectual o partícipe de la muerte del teniente Daynor Sandoval.
A la fecha, la defensa espera respuestas a las peticiones para desvirtuar los riesgos procesales por los que se imputaron a Gutiérrez. “Entre esas peticiones está el hecho de que hasta el momento el ministro César Cocarico no responde a las preguntas que se le presentó como testigo. No quiere afirmar que mi defendido fue invitado a un seminario al Ecuador y que el Viceministerio de Tierras, fue quien invitó y cargó con los gastos correspondientes”, explicó.
RECURSOS LEGALES
Desde el 27 de agosto a la fecha, la defensa presentó diez recursos legales para obtener su libertad. De inicio se presentó un recurso de apelación incidental a su detención preventiva, posteriormente dos acciones de libertad, siete audiencias de cesación a la detención preventiva, algunas de ellas suspendidas por el juez Orlando Rojas y una por amenaza de bomba.
IRREGULARIDADES
El fiscal Carlos Mariaca fue alejado de sus funciones por no haber acusado formalmente a Franclin Gutiérrez. Según Santistevan, esta exautoridad rechazó hacer un acto ilegal, motivo por el cual fue separado del cargo.
El mes pasado se conoció un audio en el que Carlos Mariaca admite que no existen pruebas contra el dirigente cocalero, versión que fue admitida por el Fiscal Departamental.
En los últimos días, la fiscal Jhannet Usnayo renunció a esta investigación supuestamente porque el caso tiene muchas complicaciones.
El fiscal Alexis Vilela, que ahora está en el caso, suspendió por tres veces consecutivas la Inspección Técnica Ocular (ITO), en criterio de Santistevan, porque iría en contra de los denunciantes y sus propias argumentaciones ilegales.
“Están ocultando las verdaderas causas que ocasionaron la muerte de Daynor Sandoval, además de no tener al autor o autores materiales, ya sea por motivos de incapacidad o encubrimiento, solo con el propósito de acusar formalmente a Franclin Gutiérrez y luego llevarlo a juicio oral para sentenciarlo penalmente”, aseguró el jurista.
ENCIERRO
Para Santistevan no existe ninguna justificación para la detención de su defendido, ya que su conducta no se adecua a ningún tipo penal y menos al que manda el artículo 233 del CPP.
“El Ministerio Público no cuenta con elementos indiciarios de que Franclin es el autor intelectual; él no estaba en el lugar de los hechos, al contrario fue a conocer lo que estaba ocurriendo en compañía de un periodista de La Paz y otros locales, además de dos dirigentes en la Asunta y poblaciones aledañas, él no hizo ni dijo nada al margen de la ley”, aseguró.
El jurista aclaró que Gutiérrez nunca habló del uso de armas de fuego, o de enfrentamiento armado ni de emboscadas a los miembros de la Policía ni de la Fuerza de Tarea Conjunta, “por lo tanto su encierro es arbitrario, ilegal e inconstitucional”, dijo.
En esa línea manifestó que las autoridades y los participantes en este proceso tendrán que defender y sustentar lo que hagan en contra de su defendido.
“Solicitaremos que se tomen declaraciones a los militares miembros de la tripulación del helicóptero, para que expliquen cuál fue su misión y qué hicieron ese día. Pediremos la ampliación de sus declaraciones a las dos médicos que atendieron al teniente Sandoval, al comandante de Umopar, al jefe policial que estaba al mando de Sandoval, para que explique dónde le hirieron y quién lo hizo”, dijo.
Asimismo, sostuvo que es fundamental ampliar la información de los policías que formaron parte de su patrulla, así como del jefe policial que extendió el memorándum de cambio de destino de Sandoval, desde el Chapare a los Yungas.
“Nosotros los abogados hemos estudiado el terreno con anterioridad, conocemos muy bien el área. En una oportunidad, en conversación con algunos pobladores del lugar, nos manifestaron que Daynor era una persona amistosa con ellos y por eso mismo le tenían un sentimiento de aprecio”, comentó.
SANDOVAL
El teniente Daynor Sandoval, capitán en asenso póstumo, sufrió una herida de 12 x 6 cm que compromete piel, tejido celular subcutáneo y músculo, neurológico Glasgow de 0/15 y que en el muslo izquierdo a nivel del tercio superior identifican un torniquete.
El jurista manifestó que el informe médico, tanto en la descripción física o el examen físico que realiza el galeno, no menciona que hubiera visto orificios de herida producidos por arma de fuego.
“Las personas que estaban acompañando al teniente no refieren que tenía herida de bala, se limitan a indicar que sufrió agresión por terceras personas”, aclaró Santistevan.
En esa línea dijo que hay muchas interrogantes que el Ministerio Público debe aclarar: “¿Quién produjo esa herida?, ¿en qué momento se produjo? ¿Dónde?”
INVESTIGACIÓN
A decir de Santistevan, a más de un año de investigación, no cursan elementos indiciarios para acusar al líder cocalero de que haya planificado un operativo denominado “La Asunta II”, por tanto es falso que los policías hayan caído en una emboscada.
“Ese operativo fue planificado para detener en el lugar de los hechos a Franclin y de esa manera defenestrar la dirigencia de Adepcoca y frustrar su postulación política. Lo anormal desde el punto de vista legal fue que antes de aprehender a mi defendido, organizaron tres denuncias, una verbal, otra escrita y una de acción directa, y esto no es permisible en el actual ordenamiento jurídico, solo se hace una vez”, explicó.
Descartó que se haya tratado de una emboscada, siendo que en estas situaciones no hay heridos ni muertos con disparos a quemarropa, porque se hace desde posiciones a distancias prudentes, de grupos reducidos hacia un grupo de mayor efectivo, y se realiza con la finalidad de causar la mayor cantidad de bajas, cosa que en este caso no ocurrió.
En esa línea descartó la hipótesis de la Policía que aseguró la presencia de francotiradores.
“No había francotiradores, porque de estos, sus blancos son selectivos para dar de baja, no para herir en las piernas, por tanto los disparos que sufrieron los policías a la altura de sus piernas no fueron realizados en una emboscada”, aseguró.
Lamentó el servilismo de la justica al Gobierno. “El Gobierno tiene a un fiscal servil a sus pretensiones. El fiscal Vilela persiste en mantener detenido a Franclin y luego lograr su sentencia máxima. También es cierto que en este caso hicieron aparecer a una víctima, para acusar y silenciar a Franclin y así tomar la dirección de Adepcoca. Manipularon la investigación para hacer creer que en los Yungas hay narcotráfico y grupos delincuenciales de extranjeros, para de esta manera justificar la intervención de los órganos de represión y volcar la mala imagen del Chapare en desmedro de los Yungas”, puntualizó.
