El Gobierno promulgó el miércoles el Decreto Supremo 4419 que deja sin efecto los registros de infracciones y multas a conductores de vehículos que fueron sancionados durante el periodo de confinamiento por el COVID-19, al incumplir las restricciones de circulación determinadas por el régimen de Áñez.
La medida fue asumida tras identificar «desproporcionalidad» en las sanciones y dificultades para pagar las mismas debido a la crisis económica.
«El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la baja en los registros de infracciones y multas, de los vehículos cuyos conductores fueron sancionados en el marco de los Decretos Supremos N° 4199, de 21 de marzo de 2020 y N° 4200, de 25 de marzo de 2020, a fin de coadyuvar a las familias bolivianas que debido a la desproporcionalidad de las sanciones y la falta de ingresos a causa de la COVID-19, no pudieron cubrir las multas hasta la fecha», señala el documento que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
Los decretos promulgados en marzo de 2020 por el gobierno de facto de Áñez establecían diversas restricciones en el marco de la declaratoria de «cuarentena total», entre ellas, «la circulación de vehículos motorizados públicos y privados sin la autorización correspondiente de la autoridad competente».
Según establece la nueva normativa, aprobada en reunión de gabinete, la Policía procederá a la baja de los registros de infracciones y multas sin necesidad de una solicitud previa, por lo que se determina el cese inmediato de toda restricción sobre el vehículo.
La ejecución y cumplimiento del Decreto Supremo 4419 queda a cargo del Ministerio de Gobierno.
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