“Somos niños niñas y adolescentes trabajadores sin derechos ni preferencias”, señala Diego Calancha, representante de TAYPINNATS La Paz, una organización que hace conocer la voz de los trabajadores menores de edad.
Señala que la mayoría de los niños niñas y adolescentes trabajadores (NNATS) ocupa labores informales y sin un reconocimiento y paga correcta por el trabajo que realizan, en un ambiente donde existen patrones abusivos y explotación laboral.
Indica que esta situación es peor para los menores de 14 años que se encuentran al margen de la protección del Código Niño Niña Adolescente, en el aspecto laboral.
“El mayor porcentaje de los NNATS trabaja de forma informal, vendiendo dulces o algo, ayudando en algún taller o un lugar informal donde el riesgo es mayor, donde pueden sufrir algún tipo de violencia o maltrato físico y psicológico, porque muchas veces los menosprecian por ser menores de edad”, dice Diego a ANF.
Indica que no reciben ningún tipo de apoyo de parte del Estado, ni para garantizar sus derechos, y son algunas instituciones o fundaciones las que les brindan algún tipo de asistencia. Tampoco gozan de preferencias para ingresar a lugares públicos que se pagan, como parques, y mucho menos a servicios.
“En el tema laboral el Estado no nos garantiza absolutamente, en el tema de salud como NNATS no tenemos ningún tipo de apoyo, y si alguien se enferma o pasa algo, lo resuelven de forma individual, el Gobierno no brinda ningún apoyo”, afirma.
De acuerdo a datos de la Encuesta de niñas, niños y adolescentes (ENNA 2019), 724 mil niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaran una actividad laboral o trabajo, de los cuales 49% son mujeres y 51% varones.
De esa cantidad, el 56% está comprendido entre 5 a 13 años de edad y el 44% entre los 14 a 17 años. Alrededor de 297 mil niños, niñas y adolescentes (41%) realizan actividad laboral o trabajo en una o más condiciones peligrosas prohibidas o insalubres, que afectan a su desarrollo o ponen en riesgo su permanencia en el sistema educativo.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, presentado en abril de este año, el Estado vulnera el derecho a la protección que tienen los niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajadores debido a que “no ha desarrollado los planes y programas establecidos en la norma para proteger a esta población y porque las instancias competentes no cuentan con registros y no hacen inspecciones específicas para verificar sus condiciones laborales, entre otras deficiencias”.
Julia Velasco, coordinadora del programa Eco Jóvenes, expresa su preocupación por el aumento de NNATS, a consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Dice que antes de la pandemia muchos niños dejaron de trabajar en las calles debido a campañas que se hicieron desde el Estado y desde la sociedad civil, porque los trabajos que realizaban ponían en riesgo sus vidas, su salud y su integridad física, pero “llegó la pandemia y la situación de las familias, sobre todo de escasos recursos económicos, ha sido mucho más dramática y los niños y niñas se han visto obligadas nuevamente a salir a las calles”.
“Hoy volvemos a ver a niños y niñas de corta edad, de cinco, seis, siete años que están vendiendo dulces o a veces están ofreciendo refrescos hasta altas horas de la noche, entonces creo que ha habido un retroceso en ese sentido, en todo lo que habíamos avanzado, hemos vuelto nuevamente a una situación anterior”, apunta.
Insta al Ministerio de Trabajo y sobre todo al Ministerio de Justicia, como cabeza de sector en tema de derechos, implementar políticas de prevención, de atención de los niños trabajadores, hacer un seguimiento a través de las defensorías de la Niñez “para que los derechos de estos chicos y chicas no sean vulnerados y no estén expuestos a ser violentados por la gente adulta o por delincuentes o por gente que quiere hacerles daño”.
Además, dice, el Ministerio de Educación debería garantizar que estos menores de edad asistan a la escuela, y para ello “debería dotarles de materiales gratuitos, de materiales escolares, uniforme como pantalón, chompa, zapatos, que los niños gastan bastante, garantizarles también el desayuno escolar que desde ya los municipios reparten en las unidades educativas”.
“Es fundamental que el Estado pueda darles condiciones de vida a las familias de estos niños, garantizarles un seguro de salud, aunque ya tenemos el SUS gratis, brindarles por ejemplo alimentación, tal vez mediante un subsidio, con alimentos básicos nutritivos”, enfatiza.
Velasco indica que en Bolivia la edad legal para trabajar empieza a los 14 años, de acuerdo al convenio del Estado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero se trata de una situación irreal.
“Mientras no se garantice una vida digna a las familias de estos niños y niñas, siempre va haber niños y niñas trabajadores”, enfatiza.
Fuente: ANF