La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que, a causa de la pandemia del COVID-19, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en América Latina, durante 2020, niveles que no se observaron en los últimos 14 y 30 años, respectivamente. Así lo dio a conocer mediante un informe.
La secretaria ejecutiva de la comisión regional de la Organización de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó la nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020. En el documento, se señala que la pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales.
También, se hace énfasis en los índices de desigualdad en la región, en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla.
“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Bárcena.
Según las nuevas proyecciones de la Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población.
“Supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019”, se lee en un reporte de la comisión internacional.
El informe establece que la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Resalta que los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia, en 2020, que alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe asegura que sin esas medidas la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población.
Ante esos datos, la Cepal instó a implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres. Asimismo, sugirió que, en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central.
Llamó a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás.
“El llamado de la CEPAL a un nuevo pacto social está más vigente, más que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio”, afirmó Alicia Bárcena.
El contenido del informe trata los efectos adversos de la pandemia sobre los ingresos de las personas, principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que, en 2020, unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza. Alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios, experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente.
El reporte advierte sobre los impactos de la crisis del COVID-19 en el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo afectaron con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.
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