El “Encuentro Nacional de la Unidad de Bolivia”, al que asistieron precandidatos contrarios al MAS, terminó en Santa Cruz con un compromiso firmado, sin embargo, sin haber conformado un bloqueo único como la expectativa de cara a las elecciones.
La reunión duró varias horas en el Comité Pro Santa Cruz. Al final firmaron el acuerdo cinco precandidatos: Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Chi Hyun Chung.
El compromiso suscrito dice que las “Organizaciones y Alianzas Políticas presentes ratifican su obligación de lograr la unidad ante el pueblo boliviano, en defensa de la democracia, para lo cual se comprometen a asegurar que la tiranía y la dictadura no volverá a gobernar Bolivia”.
Sin embargo, el pacto no implica que los precandidatos vayan a unirse para inscribir un bloque único para participar de las elecciones.
La unidad para las elecciones era un pedido de sectores, como el movimiento de las “pititas”, para enfrentar al MAS, pero, el acuerdo firmado en Santa Cruz entre los políticos se limita al compromiso de volver a reunirse el 3 de abril para analizar la situación.
Para el 3 de abril, día en que se volverán a reunir, ya habrá candidaturas inscritas y estará en desarrollo la campaña electoral.
El presidente cívico, Rómulo Delgado, manifestó que por el “lado positivo” el compromiso de los políticos es que en la próxima reunión se analizará el panorama electoral, en base a encuestas, para evitar la dispersión del voto.
Campaña
Los precandidatos también marcaron reglas para la campaña electoral.
Firmaron que será una “campaña limpia pacífica y tolerante”. También transparentarán los recursos “para que no vuelvan las malas prácticas del pasado”.
Asimismo, decidieron participar en “igualdad de condiciones para competir y no hacer uso de los bienes del estado”.
En la Asamblea
El acuerdo ya prevé incluso que las organizaciones y alianzas políticas presenten lleguen a tener representación en la Asamblea Legislativa.
En ese entendido, se comprometieron a que la representación que alcancen sirva para “un consenso parlamentario que garantice una gestión gubernamental pacífica”.
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