El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló este viernes que la sentencia 52/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratifica que en Bolivia hubo golpe de Estado en 2019, tras la autoproclamación de Jeanine Áñez a la presidencia.
“Ha hablado el TCP mediante la sentencia 52/2021 que ha ratificado que en el país hubo un golpe de Estado. Esta explicación es contundente, la sucesión ipso facto solo procede entre el presidente y vicepresidente”, dijo en una conferencia de prensa.
La autoridad estatal señaló que la resolución da respuesta constitucional a un comunicado que establecía que en el país existía una sucesión ipso facto que avalaba la sucesión de Áñez.
Dijo que la determinación judicial analiza la situación de las renuncias de senadoras y diputadas registradas en 2019 y precisa que quienes ejercieron los cargos de la primera y segunda vicepresidencia de las cámaras Alta y Baja no podían asumir la presidencia del país.
“Quizá lo más importante, y la ratio decidendi de este fallo señala, que quien ejerce la primera y la segunda vicepresidencia de Diputados y Senadores, de acuerdo a la reglamentación que existe en esas cámaras no ejerce un cargo democrático. Quien ejerce la segunda vicepresidencia en Diputados y Senadores representa a la minoría y el ejercicio democrático en el país exige que haya una elección entre las personas que ejercen el cargo de presidente de Senadores o presidente de Diputados”, aseveró.
Mencionó que la resolución del TCP es definitiva y no admite apelación alguna, por lo que ninguna instancia puede revisarla, situación que determina que la autoproclamación de Áñez fue una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“El llamado del Gobierno nacional es a cerrar esta página de la discusión y el debate jurídico”, aseveró.
En ese contexto, Lima anunció que la determinación judicial será incorporada en un proceso penal iniciado contra Áñez por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
“Y definitivamente la sentencia, como lo habíamos señalado, debía salir en un término inmediato porque ya se ha agotado la presentación de la prueba y con esta sentencia esperemos que la justicia actúe pronto y tengamos en lo posible en este año, lo más pronto posible, una sentencia en el marco del debido proceso”, agregó.
El titular de Justicia dijo que las opiniones que surjan a partir de ahora por el caso deberán ser realizadas de manera responsable y serán respondidas, refutadas y debatidas en todos los ámbitos porque “ya no es admisible que se le siga mintiendo al pueblo boliviano”.
GSG / Agencia Boliviana de Información.