El vocero Presidencial, Jorge Richter, dijo este domingo que el Ejecutivo no cederá a la presión de los cívicos cruceños que con la amenaza de revocatorio del mandato del presidente Luis Arce, a la que describió como «camuflada de impunidad», pretende “establecer un amplio perdonazo” para los responsables de las masacres de 2019.
La autoridad aseguró que el Gobierno Nacional «no concederá impunidad» en el país ya que los hechos violentos del 2019, cuando se interrumpió el orden constitucional, están siendo investigados por la justicia para establecer responsabilidades.
Dijo, en declaraciones a la estatal Bolivia Tv, que aquellos que con sus decisiones y acciones políticas desataron los hechos que después fueron catalogados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) como masacres en Senkata y Sacaba y con ejecuciones sumarias, deben ser juzgados.
El GIEI-Bolivia entregó en julio de 2021 su informe con 36 recomendaciones al presidente Arce para que el Estado asegure el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación, sin hacer distinciones.
El informe final sobre la vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado Plurinacional, la sociedad civil boliviana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Y lo que ellos, los dirigentes cívicos de Santa Cruz, están queriendo imponer al Gobierno es que se archive el informe de GIEI que señala que hay que investigar las masacres de Sacaba y Senkata y en ese marco no hay ninguna posibilidad de generar impunidad», remarcó.
Una de las recomendaciones del GIEI al Gobiern señala: “Investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas, y juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en el informe y otros similares”.
De acuerdo con el Vocero, lo que exige el Comité Cívico cruceño, ahora a la cabeza de Fernando Larach, es que se pueda eximir de toda responsabilidad a quienes la justicia está en proceso de investigación y que pueda establecer un “amplio perdonazo” para todos ellos.
“Un perdonazo no va a ser posible en el país.¿Cómo miraría el Estado Boliviano a las familias que hoy están incompletas, que perdieron a sus familiares por la violencia desatada por estos señores?».
Golpe de Estado I
Jeanine Áñez y las autoridades que la acompañaron en su administración de facto deberán enfrentar el caso Golpe de Estado I por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculadas a las masacres de Sacaba y Senkata.
Uno de esos políticos es el millonario ex cívico Fernando Camacho, con detención preventiva en una cárcel de La Paz, quien es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre del 2019 que derivaron en la ruptura constitucional.
Camacho reveló —en un video que circuló en redes sociales— que su padre, José Luis Camacho, coordinó con militares y policías para que se deje desprotegido al Gobierno de ese entonces.
“Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles a reprimir a la gente), (con) la Policía, de la misma manera: fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz”, explicaba Camacho a sus seguidores.
Con esas palabras el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz explicó las razones por las que se aventuró “otorgar” al expresidente Evo Morales el plazo de 48 horas para dejar el poder en noviembre de 2019.
La Fiscalía Departamental de La Paz informó en su momento que llevó adelante las investigaciones y en la etapa preliminar emitió requerimientos y citaciones para los sindicados.
Algunas de las personas investigadas fugaron del país como los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, preso en Estados Unidos; Fernando López, de Defensa; Roxana Lizárraga, de Comunicación, y, entre otros, Karen Longaric, de Exteriores. Otros figuran en los expedientes con “paradero desconocido”.
Otros, fueron declarados en rebeldía.
El caso Golpe de Estado I fue “desdoblado” en el expediente Golpe de Estado II por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
El viernes 10 de junio de 2022 concluyó ese proceso con sentencia a la exsenadora Jeanine Áñez de 10 años de prisión, también con 10 años al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y al excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón.
Otros jefes militares recibieron pena de cárcel de dos a cuatro años.
Los hechos por los que sentenciaron a Áñez en el caso Golpe de Estado II tienen que ver con las acciones atribuidas antes de su autoproclamación como presidenta del Estado.
Pacificación
El 12 de noviembre de 2019, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, hoy prófugo de la justicia, le imponía la banda presidencial a Jeanine Áñez.
“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”.Ésas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Áñez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.
Ultra religiosa, cada mañana que llegaba a su despacho en Palacio Quemado, reunía a su círculo de colaboradores más cercanos e invocaba a Dios en sus oraciones.
El 15 de noviembre cumplió ese mismo ritual y minutos después recibía y firmaba el Decreto Supremo 4078, conocido luego como el “decreto de la muerte”. El documento había sido discutido y redactado un día antes.
El artículo 3 de esa norma provocaría el estupor de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país por estimular la represión violenta: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Mientras los comandantes militares, bajo el respaldo del “decreto de la muerte”, bosquejaban las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado para aplastar las movilizaciones, ese mismo 15 de noviembre en el hall de Palacio Quemado se presentaba Jeanine Áñez a la prensa extranjera como la “presidenta transitoria”.
La parlamentaria marginal y poco conocida no mencionó la vigencia del Decreto 4078, pero advirtió a los periodistas la aparición de supuestos grupos subversivos armados.
“Como presidenta de Bolivia quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y de compatriotas de algunas regiones en conflicto”, dijo, acompañada por ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, reportaba una agencia internacional.
En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país”, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
El 19 de noviembre, en Senkata, se registraron otros 10 civiles fallecidos y 78 heridos.
Tras las sucesivas masacres, se conoció el decreto aprobado por el Ejecutivo y al gobierno de facto le llovieron críticas internacionales.
En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Áñez dijo que se había logrado la “pacificación”.
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