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La OACNUDH demanda investigar la «tortura» y «violaciones» al debido proceso que sufrió Marco Aramayo.

Mediante un pronunciamiento, el organismo se pronuncio sobre la situación de la exautoridad que perdió la vida la mañana del martes 19 de abril en el hospital municipal de Cotahuma a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

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El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo. Foto: archivo.

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) demandó una investigación sobre “tortura” y “violaciones” al debido proceso en el caso del extinto director del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo.

Mediante un pronunciamiento, el organismo se pronuncio sobre la situación de la exautoridad que perdió la vida la mañana del martes 19 de abril en el hospital municipal de Cotahuma a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

“Las alegaciones de malos tratos y/o tortura, así como el incumplimiento por las autoridades penitenciarias de las obligaciones de atención en salud, deben ser investigadas exhaustiva e inmediatamente. También deben investigarse las eventuales irregularidades del aparato judicial y violaciones al debido proceso que se hayan podido cometer en este caso”, señala el documento.

La Misión de la OACNUDH demandó además sanciones contra los responsables, una compensación para los familiares de la exautoridad y “se deben tomar medidas”, como la reforma estructural de la Justicia, incluyendo el sistema penitenciario, para “garantizar la no repetición de estos casos”.

Recordó además que el Estado tiene la “obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia”.

En ese marco, hizo mención  a las “Reglas Mandela 24 y 25” las cuales  establecen que personas privadas de libertad deben «gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior», sin discriminación y con atención particular cuando tengan necesidades de salud especiales.

En contra de Aramayo pesaban más de 250 procesos desde 2015, sin embargo, la Defensoría del Pueblo señaló que  solo eran 88.

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