Sin una denuncia, sin pruebas concretas, sin una lista de potenciales autores y con el único respaldo de una nota de prensa procedente de un informe de monitoreo, la Policía Boliviana abrió el 26 de noviembre un proceso interno contra quienes supuestamente instigaron y condujeron el motín policial que, sumado a otras circunstancias, en noviembre de 2019 derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Este viernes, en conferencia de prensa, el fiscal general de la Policía, Luis Carvajal, explicó cómo comenzó esa investigación y el curso que tomó hasta la fecha. Dijo que lo hacía para aclarar algunas versiones que desinforman sobre estos hechos y que circulan, en especial, en las redes sociales.
“Ha sido un reporte de sala de monitoreo de la Dirección de Investigación Policial interna de Cochabamba que ha tomado conocimiento la Fiscalía Policial; sin embargo, no se tiene ninguna denuncia formal, por lo menos ante la instancia fiscal”, manifestó, para luego recordar que quien presenta una denuncia tiene posteriormente la obligación de presentar las pruebas para sustentar su acusación.
Complementó, además, que en estos procesos no solamente se valoran las pruebas que puedan presentar las partes denunciada y denunciante, sino además las circunstancias en las que se produjo el hecho.
“No sólo se tiene que valorar las pruebas de cargo y de descargo, sino también las circunstancias por las cuales se habría supuestamente cometido un hecho de carácter netamente disciplinario”, apuntó.
En una nota publicada este jueves por Página Siete, oficiales en retiro, sargentos, policías y sus esposas explicaron que el malestar en 2019 tuvo origen en al menos cuatro demandas que nunca fueron atendidas en la gestión de Evo Morales y del entonces ministro Carlos Romero, además de algunas órdenes que causaron indignación, como la de repartir pollos a los mineros movilizados en favor del Gobierno.
Dijeron que ese cúmulo de cosas derivó en el acuartelamiento (motín) que terminó con el respaldo a las denuncias de fraude electoral.
“Se dieron malos tratos de los comandantes a los coroneles en Cochabamba, porque estos habían dispersado a los cocaleros que apoyaban al MAS y protegieron a la población. Se dieron varios hechos que exacerbaron los ánimos. Recuerde también esa orden de repartir pollos a los mineros que marcharon por el Gobierno. Incluso sacaron memes y fueron cosas que nos indignaron, por eso no es admisible ese tipo de declaraciones (las de Romero)”, afirmó, por ejemplo, René Calla, representante del Centro de Jefes y Oficiales Jubilados.
Cuando Carvajal fue consultado sobre alguna lista que habría presentado el exministro Romero en este caso, identificando a los presuntos responsables del motín, reiteró que no se presentó ninguna denuncia y tampoco una lista ante la Fiscalía Policial.
“No existe ninguna lista que haya sido de conocimiento de la instancia disciplinaria; por tanto, existe información que está siendo generada y que causa confusión y susceptibilidad”, advirtió.
El jefe policial estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el responsable nacional de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), Néstor Villca, quien ratificó que no se presentó ninguna denuncia formal en este caso y reiteró la advertencia sobre información errada que circula sobre este caso. “Quiero manifestar de manera tajante y precisa que en días precedentes, en las horas precedentes, han circulado algunas informaciones sobre estos hechos que son totalmente fuera de la realidad, información antojadiza”, dijo.
Hace dos semanas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la denuncia que hizo el exministro Romero es parte de la información que se recopila para llevar adelante una investigación sobre el motín de noviembre de 2019. “Si existen elementos o indicios suficientes de conductas antijurídicas o delictivas, se iniciarán los procesos”, anunció.
Romero apunta a jefes policiales y financiadores
Carlos Romero, exministro de Gobierno, dijo que cuenta con una lista de los jefes policiales que en noviembre de 2019 alentaron y participaron en el motín policial y aseguró que hubo unos 300 financiadores, entre personas que alentaban una conspiración y otras que habían sido chantajeadas para ello.
“Aproximadamente unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días (de paro cívico). Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados. Había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico”, dijo el 17 de noviembre, durante una entrevista en PAT. También anunció que tenía una lista con los nombres de los jefes policiales que organizaron el motín.
El 3 de diciembre, en entrevista con Página Siete, precisó que el movimiento “conspirativo” comenzó antes de ese hecho.
“Antes de amotinarse formalmente, brindaron protección a esos políticos disfrazados como cívicos, a (Fernando) Camacho le asignan 200 policías vestidos de civil para su protección y otros 200 para la protección de (Marco) Pumari. (…) Fueron varias acciones conspirativas, golpistas de la Policía (que) se han traducido primero en el hecho de haber facilitado la toma y quema de los tribunales departamentales electorales”.
Página Siete/
