En dos décadas, de 2003 a 2023, se registró un total de 1.024 casos de feminicidios que dejaron en la orfandad a niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con una investigación de trabajadoras sociales de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Ante la gravedad de la situación, las estudiantes de esa carrera presentaron un proyecto de ley para proteger a los huérfanos de feminicidios y brindarles una reparación integral desde el Estado.
“El diagnóstico situacional de los hijos e hijas víctimas de feminicidio de la carrera de Trabajo Social plantea una propuesta de ley, que consiste en la reparación integral del daño, la satisfacción de las necesidades básicas la víctima”, explicó la diputada Bertha Acarapi en entrevista con la red ATB.
La legisladora del Movimiento Al Socialismo explicó que la carrera de Trabajo Social de la UMSA presentó esta propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo que se atiendan las necesidades de las víctimas que dejan los feminicidios.
La salud, educación y vivienda serían las principales necesidades básicas que debería ser reparadas por el Estado. Además de fortalecer los sistemas de protección.
“Podríamos pensar en un bono (económico), un monto, pero nosotros hemos pensado más allá, porque en estos casos que hemos investigado se ha visto que los niños y niñas han quedado totalmente desprotegidos, no tiene alimentación, no tiene educación, no tiene salud y menos vivienda”, explicó la legisladora en entrevista con radio Panamericana.
Acarapi señaló que el darles un bono económico no soluciona el problema y por ello se vio la necesidad de que el Estado pueda garantizar una atención integral.
Adelantó que se socializará este proyecto de ley con las organizaciones sociales y con otras instituciones, pero adelantó que este proyecto es completo.