El Banco Central de Bolivia (BCB) seguirá con el proceso legal abierto en contra del régimen de facto de la exsenadora Jeanine Añez por el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó el presidente del ente emisor Edwin Rojas.
“El año pasado salió la Ley del Presupuesto reformulado que instruye al Banco Central tomar las acciones legales, nosotros estamos en ese proceso”, explicó a Bolivia TV.
“En este caso, principalmente, (los procesos) son en contra de las exautoridades porque, primero, se solicitó el crédito sin haber hecho las gestiones ante la Asamblea y, segundo, internamente en el Banco Central de Bolivia se saltaron procedimientos”, recordó.
En medio de la pandemia del Covid-19, la administración de Añez solicitó un crédito al FMI por $us 327 millones, sin la aprobación del Legislativo, como establece la norma boliviana.
El 10 de abril de 2020, el entonces presidente del BCB, Guillermo Aponte, y el ministro de Economía, José Luis Parada, envían una “carta de intención de solicitud” de crédito a Christine Lagarde, directora gerente del FMI.
Para lograr la aprobación del crédito, ambas autoridades se comprometieron a hacer ajustes en materia de ingresos y gastos de mediano plazo, lo cual no correspondía.
“Seguimos comprometidos con nuestros objetivos, a mediano plazo ya anunciados, de reducir el déficit fiscal a un rango de 4,0 y 4,8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2022. Además, adoptamos las políticas económicas y financieras necesarias para mantener la congruencia con la estabilidad macroeconómica”, cita parte de la carta divulgada también por Bolivia TV.
De manera adicional, ambas autoridades se competieron a realizar ajustes al tipo de cambio que se mantiene estable desde el año 2011.
“El personal del FMI concuerda con la opinión de las autoridades (de Bolivia) sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo cambiario durante la crisis, pero considera una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo cambiario a mediano plazo”, refiere el organismo en una misiva remitida al Ejecutivo nacional en abril de 2020, antes del desembolso de los recursos.
El crédito era a cinco años plazo y la tasa de interés del 1%, pero se encontraba en Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales están indexados al dólar y fluctúan llegando a un interés real del 6%, señaló BTV.
Los fondos fueron desembolsados entre el 20 y 21 de abril de 2020, a pesar de no tener la autorización de la Asamblea Legislativa que, por mandato del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, debe “aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social”.
Por estas vulneraciones, el 17 de febrero de 2021, en el gobierno del presidente Luis Arce, el BCB informó que realizó la devolución del crédito de $us 327 millones al FMI.
El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones eran por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
El caso del FMI involucra a Áñez, Parada Rivero, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, entre otros funcionarios, acusados por resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.
En el marco de las investigaciones, en junio de 2021, el juez quinto anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva del exviceministro del Tesoro Carlos Schlink en la cárcel de San Pedro.
La Fiscalía acusó al exviceministro por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
Un mes después, en julio de 2021, la justicia revirtió su decisión y otorgó arresto domiciliario al exfuncionario.
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