El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán informó que se tiene el mandato de las primeras autoridades del país, de hacer justicia para la población ayorea violentada en el municipio de Concepción por autoridades locales. En ese sentido anunció que el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori y asambleístas nacionales, se unieron a la denuncia por racismo y discriminación presentada por esta cartera de Estado.
“El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca nos han instruido que hagamos todas las gestiones necesarias para sancionar a los responsables de estos hechos graves de discriminación, odio y racismo, y es por ello que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), desde el día sábado se puso a trabajar en resguardo del pueblo ayoreo”, indicó.
El pasado viernes en la carretera que une Concepción con Santa Cruz, un grupo de ayoreos se encontraba protestando contra el bloqueo que realiza el denominado comité interinstitucional de Santa Cruz, señalando que necesitan trabajar. En ese escenario llegó al lugar, en un motorizado con vidrios oscuros, el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez junto a otras personas, quienes procedieron a amenazar y agredir con cables y cinturones a la población ayorea.
“Agredieron a mujeres, mujeres embarazadas y a una persona adulta mayor, los relatos son realmente dolorosos. Inmediatamente el SEPDAVI tomó contacto con las víctimas y presentó la denuncia ante el Ministerio Público, el caso fue admitido y ya se encuentra bajo control jurisdiccional del juez, por los delitos de racismo y discriminación”, explicó el Viceministro.
Tras los actos de violencia, en una asamblea, el Subgobernador; el presidente del Comité Cívico de Concepción, David Moreno y otras personas; indicaron que expulsarían al pueblo ayoreo de Concepción, acusándolos de ser “drogodependientes” y “maleantes”.
Ante esos actos y declaraciones, la denuncia fue sustentada en los delitos de Racismo, Discriminación, Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación previstos en la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Además de violencia.
“Si bien el SEPDAVI se ha constituido como brazo operativo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, también el día de hoy se ha apersonado y adherido a la denuncia el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori”, comunicó Siles. Posteriormente la diputada Elsa Sánchez se sumó a la denuncia, pidiendo justicia para la población originaria.
El viceministro Siles explicó los victimadores están plenamente identificados y que dentro del proceso se convocará a las personas denunciadas para que realicen sus declaraciones. Posteriormente podrían ser aprehendidas, imputadas y eventualmente sentenciadas.
“No podemos permitir que estos hechos sucedan a la paciencia de todos los espectadores, de las autoridades y demás; no podemos permitir que en el Siglo XXI ocurran hechos de discriminación, racismo, odio y con términos descalificadores hacia el pueblo ayoreo. La denuncia presentada y aceptada es para sentar un precedente importante, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, señaló.
La autoridad manifestó que no es posible que actos de racismo y discriminación sean registrados en este tiempo y calificó que los mismos se constituyen en “actos movidos por odio”. Al mismo tiempo, señaló que la población afectada al momento recibe una atención integral.
“Estamos presentado apoyo psicológico, social y legal a las víctimas para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. Tenemos que ser enérgicos en este caso y ser solidarios con el pueblo ayoreo y garantizar que se cumplan sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes”, dijo.
Por su parte, el director General del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), Luis Fernando Atanacio detalló que una vez que los técnicos de su dependencia se apersonaron y tomaron contacto con las víctimas, las mismas se encontraban muy afectadas psicológicamente por el temor a sus victimadores, al extremo de no querer recibir atención médica ni presentar denuncia.
Extremo que posteriormente fue superado gracias a la contención social, psicológica y legal que esta cartera de Estado realizó de manera inmediata.
Fuente: Prensa Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
